La Cancillería remitió al gobierno de Uruguay el exhorto que solicita la detención y extradición del diputado del Parlasur y exmiembro de la mesa judicial de Cambiemos Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, dispuesta por la jueza federal María Servini para tomarle indagatoria, por lo que el operador jurídico del PRO podría ser detenido una vez que Interpol emita la alerta roja correspondiente.
La notificación conocida como ‘alerta roja’ se utiliza para la detención preventiva de personas buscadas con miras a ser extraditadas, y en el caso de Rodríguez Simón una vez que Interpol la emita el abogado podrá ser detenido para ser llevado al juez uruguayo que intervenga en el proceso de extradición.
En tanto, el exasesor jurídico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del Ejecutivo nacional durante la gestión de Mauricio Macri comunicó el miércoles pasado a la Justicia uruguaya que ya inició el trámite para que el Estado oriental lo considere un asilado político, por lo cual existe la posibilidad de que el juicio de extradición concluya antes que se resuelva la solicitud de refugio.
En el caso de ser detenido, Rodríguez Simón permanecerá en Montevideo y no podrá ser extraditado a la Argentina hasta que se resuelva si el Estado uruguayo le concede el asilo como refugiado político o se lo deniega: hasta que eso ocurra, la ejecución del proceso de extradición quedará pendiente, a la espera.
El exhorto para la detención y extradición dispuesto por Servini y remitido hoy desde la Cancillería a la embajada argentina en Montevideo y de allí al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo tuvo un paso previo el viernes pasado, cuando el Palacio San Martín envió otro exhorto internacional también requerido por Servini, en ese caso para solicitar a las autoridades de Uruguay que procedieran a la localización de “Pepín” y le prohibieran su salida de ese país.
El primer exhorto, despachado hacia Montevideo hace tres días, se libró en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
A fines de la semana pasada, la Justicia penal de Montevideo rechazó una solicitud de habeas corpus que había presentado Rodríguez Simón y que en caso de ser aprobada le hubiera permitido evitar una detención en ese país.
La resolución estuvo a cargo del juez letrado de primera instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien el exasesor jurídico de Cambiemos había interpuesto un segundo habeas corpus –el primero había sido rechazado el 7 de mayo- en el que se definió como víctima de persecución política y dijo que la Justicia argentina buscaba detenerlo arbitrariamente.
La situación legal de Rodríguez Simón se agravó luego de que el miércoles pasado la jueza Servini dispusiera su “inmediata captura nacional e internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria” en la causa judicial que investiga presuntas presiones ilegales a empresarios, entre ellos los propietarios del Grupo Indalo.
