Los ciudadanos de Berlín votarán este domingo un referendo para definir si las autoridades de la capital deben expropiar 240.000 viviendas para convertirlas en propiedad pública, en medio de la creciente crisis inmobiliaria, lo que supone un aumento de la tensión de cara a las elecciones generales que se desarrollarán ese mismo día.

Quienes quieren que el Senado de Berlín elabore una ley que permita la compra de lo que denominan empresas inmobiliarias “privadas” y que poseen más de 3.000 viviendas, argumentan que sería compatible con la Constitución alemana en virtud del artículo 15, nunca antes utilizado, que establece que “el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización”.

De este modo, afirman que las empresas serían indemnizadas a un precio “muy inferior al valor de mercado”, según el portal de la radio y televisión pública alemana Deutsche Welle.

Algunos juristas, en cambio, aseguran que si el Senado de Berlín aprobara una ley así, sería objeto de varios recursos judiciales.

Por ejemplo, en abril de 2021, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania anuló la decisión del gobierno estatal de Berlín de imponer un tope de alquileres de cinco años en la ciudad.

Jakob Hans Hien, abogado de Knauthe, una de las principales inmobiliarias de la capital, consideró que una ley de expropiación no sería aplicable en Berlín y afirmó que el objetivo de ir solo contra las empresas o particulares con 3.000 propiedades o más no tiene ninguna base jurídica.

Además, aseguró que “una indemnización ‘muy por debajo del valor de mercado’ sería inconstitucional” porque “las empresas no solo se verían privadas de su propiedad, sino que también sufrirían un daño económico directo”.

El principal objetivo de una eventual ley de expropiación sería la empresa inmobiliaria Deutsche Wohnen, que posee unas 113.000 viviendas en la ciudad, pero muchas otras empresas se verían afectadas.

La crisis inmobiliaria de Berlín se agudizó en los últimos años. La ciudad que hace cinco años se perfilaba para ser la capital de Europa y se posicionaba como una de las ciudades más baratas para vivir, fue cercada por la especulación financiera y las empresas comenzaron a comprar espacios para instalar sus sedes.

Actualmente, el 80% de los berlineses alquila y se supone que entre 2017 y 2030 la ciudad necesitará al menos 200.000 nuevas propiedades para hacer frente al problema de vivienda.

El miércoles pasado, Berlín dio un segundo paso sobre el problema y compró a las principales inmobiliarias, Deutsche Wohnen y Vonovia, 14.750 viviendas y 450 locales por 2.500 millones de euros (casi 3.000 millones de dólares), con el fin de intervenir en los precios del alquiler.

Estas propiedades serán distribuidas entre las compañías públicas de vivienda de la ciudad y se suman a otras 6.000 casas sociales que habían sido compradas en 2019 a la inmobiliaria Ado Properties.

En este contexto de creciente preocupación, Berlín logró reunir en pocos meses las 175.000 firmas necesarias para realizar el referendo el próximo domingo, y los últimos sondeos sugieren que una escasa mayoría de los votantes de la capital apoyaría una ley de expropiación.

Esta votación, que tendrá lugar el mismo día que las elecciones federales de Alemania, supone un aumento de la tensión ya que la propuesta divide a la coalición que gobierna Berlín: el partido La Izquierda, de extrema izquierda, la apoya firmemente; los Verdes dieron señales contradictorias; y el Partido Social Demócrata la rechaza, al igual que los principales partidos de la oposición.