Durante una sesión solicitada por los bloques de la UCR, Encuentro federal, Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Unión por la Patria, la Cámara baja no alcanzó los dos tercios de los votos de los presentes para rechazar el veto a la Ley.

La Cámara de Diputados de la Nación debatió en sesión especial la Ley Nº 27.757 de Financiamiento Universitario que establece una recomposición de salarios desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INDEC). La votación obtuvo votos 160 positivos, 85 negativos y 5 abstenciones.

El proyecto, aprobado en Diputados, había sido sancionado definitivamente por el Senado de la Nación. Luego, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 879/2024, por el cual se observó totalmente y se devolvió el proyecto al Congreso Nacional.

Al comienzo, la diputada Vanina Biasi (FIT) manifestó su rechazo al veto presidencial: “Nuestra lucha se tiene que profundizar porque no tenemos asegurado el presupuesto para las universidades”; mientras que su par Osvaldo Llancafilo (Mov. Popular Neuquino) pidió “tener una mirada federal en relación a las universidades” y “actualizar el presupuesto”.

Por su parte, la diputada Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) argumentó: “Sabemos que el ajuste es necesario, pero no con la educación que es el futuro de un país”.

Desde el MID, el diputado Eduardo Falcone expresó su postura a favor del veto, al considerar: “Creemos que es una buena oportunidad para discutir el rol de la Universidad y de ampliar la oferta universitaria para sectores que son necesarios para el desarrollo nacional”.

En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (CC) manifestó su apoyo a “la Ley de Financiamiento Universitario”; mientras que su par Pamela Calletti (Innovación Federal), puntualizó:  “No estamos debatiendo solo gastos sino también la situación de emergencia en la que se encuentran las universidades”.

A su turno, el diputado Miguel Ángel Pichetto (EF) planteó que “van a ratificar la decisión de acompañar la insistencia y de estar al lado de las universidades públicas como la defensa de un valor”, al tiempo que, desde la UCR, el diputado Rodrigo de Loredo cuestionó la falta de “propuestas del Gobierno” destinadas a “mejorar las universidades”.

A modo de cierre, el jefe de bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, reconoció el “reclamo legítimo de las universidades”, pero informó que “el impacto fiscal de esta ley es de 1.200 millones de dólares”.

Luego, el diputado Germán Martínez (UxP) se manifestó en defensa de “la educación pública y de las universidades”, y en ese sentido, Cecilia Moreau (UXP) adelantó el voto de su bloque “a favor de la ratificación de la Ley”.