El proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, ingresó a la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa, además, fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Agricultura, Ganadería y Pesca y Seguridad Interior y Narcotráfico, que comenzarán su estudio en los próximos días, según informaron fuentes parlamentarias.

La iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.

La provincia que más avanzada está es Jujuy, que creó una empresa estatal llamada Cannaba; en tanto que Mendoza, que había sido pionera en el uso medicinal del cannabis, reglamentó el cultivo de esa planta.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, “durante los últimos años, la industria del cannabis legal ha generado gran interés a nivel mundial” por lo que “el avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial ha dado lugar al surgimiento de una industria naciente y muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil”.

El marco normativo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso buscar “desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad”.

El primer objetivo del proyecto consiste en “establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica”.

El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa, “consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos”.

Además, se aclara que “si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo”.

La iniciativa no incorpora definiciones referidas al uso o aplicación terapéutica del cannabis, al considerar que “toda definición relativa a las aplicaciones medicinales, terapéuticas y paliativas del cannabis y el establecimiento de las mejores y más seguras vías de acceso a las formulaciones y los productos farmacológicos respectivos deben quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud”.

El proyecto de Ley establece un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el otorgamiento y posterior control de las licencias a una “serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica” como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas.

Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.

En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará “el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores agrícolas”.

El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.